Por donde sea que llegues a San Cristóbal, lo primero que verás será sin duda verde: montañas, bosques, humedales. Esta primera impresión rara vez dura. Porque cuando miras dos, tres veces, surgen de inmediato las minas de arena, cuya voracidad atraviesa con apuro algunas cadenas montañosas, igual que los camiones de volteos, la ciudad. Aparecen también las gasolinerías y cantinas, frente a centros de desarrollo infantil (CENDIs). O manantiales rellenados para el desarrollo inmobiliario. O la amenaza escondida en algún mensaje de apariencia inocua: «vendo lotes en zona arbolada. Facilidad de pagos».

No hay vida que resista el embate de una lupa. Y la vida de la ciudad, menos que ninguna. Pero lo que halles al acercarte, dependerá de hacia dónde mires, de a quién le preguntes y hasta de lo que creas. En cualquier caso, las respuestas circularán en sentidos contrarios, señalándose al paso unas a otras, no necesariamente sin razón.

Todos flotan

La noticia surgió el 30 de abril de su cuenta de Facebook y se esparció pronto a diversos medios de comunicación locales y nacionales: el síndico municipal Miguel Ángel de los Santos había pedido a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), poco más de un mes atrás, revocar las dos concesiones de extracción que tiene Coca-Cola FEMSA ―a través de Inmuebles del Golfo―, en San Cristóbal de Las Casas. Sus argumentos eran la defensa de los derechos humanos de la población al agua y a la salud, y la escasez del líquido que padece el municipio.

Que una autoridad municipal tome postura en favor de sus gobernados, contra los intereses de una empresa trasnacional, es algo que ocurre más bien poco en México. Por eso, la respuesta al gesto público del síndico llegó pronto en forma de aprobación, también pública. Hasta el momento de escribir estas líneas, por ejemplo, una petición en change.org, que hacía eco de la solicitud del funcionario, había reunido casi 27 mil firmas para revocar dos de las 87 concesiones que tiene la refresquera en el país, a través de 8 embotelladoras (sin contar Jugos del Valle ni Santa Clara: Arca Continental, Bebidas refrescantes de Nogales, Bepensa, Coca-Cola FEMSA, Corporación del Fuerte, Corporación Rica, Embotelladora de Colima, Embotelladora del Nayar), para extraer 23 029 724.34 m3 de agua; o bien 123 concesiones, de las que extraería 33 775 585.86 m3, si se incluyen las otorgadas a otras embotelladoras de productos Coca Cola, según datos del Registro Público de Derecho al Agua (Repda), publicados por la UNAM como parte de una investigación en 2014.¹

Planta de Coca-Cola FEMSA, al pie del Huitepec, en San Cristóbal. Al cruzar los datos de la empresa con los del Repda, se obtiene que el volumen de agua concesionada a la planta de San Cristóbal representaba, hasta 2014, 1.82 por ciento del total otorgado por Conagua a 8 de las 10 embotelladoras de Coca Cola México.

Personas y organizaciones ambientalistas repasaron, entonces, en medios de comunicación, la lista de males a los que Coca Cola contribuye: el índice de diabetes en la región, el daño renal, la obesidad, la caries, el millón 150 mil litros diarios que extrae la empresa para producir bebidas azucaradas y envasar agua en botellas de plástico. Todos ellos, argumentos válidos en una confrontación que ocurre sobre una capa de hielo muy delgada, en la frontera entre la moral y las actividades lícitas.²

Y fue por ahí donde su argumento, igual que la ciudad cuando llueve, empezó lentamente a cubrirse de agua y suciedad.

La respuesta de Conagua ―«posicionamiento» la llamó― llegó unos días después, el 5 de mayo. Breve y puntual, decía poco más o menos que la escasez en San Cristóbal no era atribuible a la empresa refresquera. Según el organismo federal, Coca Cola emplea agua del subsuelo (a 130 y 200 m de profundidad) y la ciudad, mayormente, fuentes superficiales, ninguna de ellas conectadas entre sí, hasta donde se sabe.³ Esto significaba que la revocación no resolvería, en modo alguno, el problema del abasto insuficiente.

El síndico no explicó de qué modo esperaba que el retiro de esas concesiones se tradujera en abasto para la ciudad. Y si, como afirma Conagua, hay suficiente disponibilidad allá abajo ―se trata, dijo, de una cuenca «subexplotada», un término preciso, pero cuyas connotaciones hablan del modo en que la legislaciones y la propia Conagua suelen conceptualizar al agua―, no queda claro entonces qué le impide al ayuntamiento solicitar concesiones para abastecer al municipio del agua subterránea.

De los Santos tampoco dijo nada respecto de las fuentes que ya existen, amenazadas de forma constante por constructoras, invasiones, grupos armados y hasta por las aguas residuales. Ni de las violaciones a derechos humanos que esos conflictos acarrean y que sí entran, de facto, en las responsabilidades a cargo del gobierno municipal.

No es cierto. Sí dijo algo: que no han detenido a nadie, pero sí clausurado y levantado denuncias y que, simplemente, no han tenido éxito presionando a las fiscalías o procuradurías. La historia es conocida desde hace varias administraciones. Y los argumentos, previsibles a partir de ahí.

Terrenos en el polígono de sitios Ramsar, supuestamente protegido por el Estado Mexicano. Durante años, las autoridades han sido incapaces de evitar que los propietarios rellenen y construyan. Recientemente, clausuraron una de estas construcciones, pero no sirvió de nada. Fue edificada a la vista de todos, de forma continua, antes y después, sólo durante el periodo de confinamiento por el Covid-19. Según el síndico actual, Miguel Ángel de los Santos, es imposible para el municipio mantener vigilancia permanente en estos lugares.

Por su parte, contrario a lo esperado, la Conagua no dedica siquiera una línea a defender el derecho humano. No arriesga un solo pie en el terreno pantanoso de una discusión ética sobre el uso del agua para producir refrescos o envasarla. En su carta, se limita a señalar «aquí no es». Bastó, sin embargo, para obligar al síndico a mirar hacia otro lado, más cercano a sus competencias y facultades. Uno donde décadas de omisión, de nula planeación urbana, violaciones a la ley y negligencias por parte de autoridades municipales de diferentes banderas partidistas, flotan como la mierda río abajo.

Carteles de reclamo contra funcionarios municipales

Carteles de reclamo a funcionarios de la actual administración municipal, durante la celebración del quinto aniversario de la declaratoria de «Lugar Sagrado Humedal de María Eugenia», el domingo 19 de julio de 2020.

Matemáticas que duelen

Tal vez porque sea la soledad o el egoísmo el corazón ansioso de la condición humana, o porque una habilidad atrofiada de la sociedad es pensar en lo común ―quiero decir en lo que nos une a los, a las comunes, aquello que nos hace comunidad―, uno tiende a mirarse el ombligo. A mirar su casa, su consumo, su derecho. Así, es casi imposible dedicar un pensamiento al agua. A menos que nos falte. Entonces sí, uno saca cuentas y las cuentas no cuadran: pagamos el recibo y el agua no llegó (suponiendo que vivamos en un área urbana, porque si no, la historia es dramáticamente otra). En cualquier caso, hablamos de un recurso que no puede o no debiera entenderse como algo que es posible comprar. Si las fuentes de abastecimiento se secan o contaminan, o son tomadas por algún grupo violento, no importa cuánto dinero paguemos. Sencillamente, no habrá agua. A veces hay soluciones, claro, como los dos pozos de 200 m de profundidad que ya emplea la ciudad para abastecerse y que Conagua no menciona en su posicionamiento. Como sea, ninguna solución es sencilla. O barata. Ni siquiera ahora, cuando el municipio todavía cuenta con disponibilidad de fuentes superficiales de agua.

Jesús Carmona de la Torre, ingeniero bioquímico industrial, académico (con licencia) de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), estima que una red de agua y saneamiento de las dimensiones que requiere San Cristóbal implicaría una inversión mayor a 500 millones de pesos (grupos ambientalistas locales consideran hasta 1200 mdp). Eso, además, sin incluir a otros sistemas de agua independientes: Chupaltic, La Garita, Alcanfores Huitepec, Rancho San Nicolás, La Hormiga, Getsemaní, San Antonio del Monte, Cascajal (Salsipuedes), Nueva Maravilla y algunos menores que se suministran del agua de lluvia. Todos ellos, necesarios, pues ninguna administración municipal ha logrado garantizar el acceso al agua a todos sus habitantes.

Obtener 500 millones de pesos para modernizar un sistema de agua y saneamiento, con equipamiento a veces obsoleto y drenaje por tramos inconcluso, parece un reto difícil de remontar.

A fin de buscar soluciones al ahorcamiento financiero del SAPAM, en una carta fechada el 7 de marzo de 2019, el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH) llamó a los dos sindicatos del organismo municipal «al diálogo público, abierto y transparente, en el que se puedan llegar a acuerdos que permitan mejorar el funcionamiento del sistema y sacarlo adelante, apegado al marco legal de los derechos laborales establecidos en la ley del trabajo».

Hablaron ahí también de crear una Contraloría Ciudadana, con la que esperarían mejorar la administración del organismo operador del agua. No se ha formalizado aún, pero la propuesta fue incluida en un proyecto de ley ciudadana del agua, que se someterá pronto a discusión en la Cámara de Diputados.

El SAPAM es un organismo descentralizado, financiado por la aportación de los usuarios. Aun contando con el ingreso de las tarifas comerciales e industriales, el monto real de la tarifa doméstica, dice Carmona, debería ser de 245 pesos por hogar. Pero difícilmente lo aceptaría el público usuario. Por eso, al final, quedó en 155 pesos, y en 72 para algunas zonas con algún grado de marginación.

El gasto mensual del organismo oscila entre 3.5 y 4 millones de pesos. Pero no siempre los consigue. En junio de este año, por ejemplo, sólo ingresó 1.2 millones, una cantidad apenas suficiente para cubrir el costo mensual de la energía eléctrica que emplea en el suministro del servicio.

Por otra parte, refiere, las reglas de operación de los programas federales dificultan su acceso. De acuerdo con la normatividad, la Conagua aporta 40 por ciento de cualquier inversión que apruebe. Pero el 60 por ciento restante debe provenir de otras fuentes, estatales, municipales o del propio organismo beneficiario. Pero las matemáticas duelen cuando los números son rojos. Porque nunca hay dinero para invertir ese porcentaje y, bajo esas circunstancias, los proyectos del SAPAM no suelen pasar del escritorio, lamenta su director.

Ahora, regresemos un momento a casa. Digamos que si ninguna eventualidad nos dejó sin agua, no volveremos a pensar en ella, quizá, tan pronto como desaparezca por el caño.

Aguas negras

El director de SAPAM calcula que San Cristóbal debe lidiar con alrededor de 700 litros por segundo (l/s) de aguas residuales. Es decir, más de 22 mil millones de litros anuales (22 075 200 m3), una cantidad de agua sucia casi 50 veces mayor a la que, según Conagua, se lleva, limpia, Coca Cola (419 774.30 m3), cuyo producto estrella es conocido peyorativamente como «las aguas negras del imperio».

SAPAM reporta un bombeo anual de 10 688 520 m3 (esto es 339 l/s, una cantidad ligeramente menor que hace diez años: 344 l/s). Hay una diferencia de 11 386 680 m3 entre el bombeo de SAPAM y la estimación anual de aguas residuales. Puede explicarse ―y esto lo supongo― por el agua obtenida a través de los sistemas independientes, la refresquera, las descargas del municipio de San Juan Chamula y, acaso mayormente, de la lluvia. Porque en San Cristóbal, la lluvia y las aguas negras comparten el mismo flujo y destino. Así, en total, las aguas residuales promedian 60 millones de litros diarios.

A nadie sorprenden ya las inundaciones recurrentes ni la contaminación de los manantiales. Sorprendente es, en cambio, que sus causas lleven tanto tiempo vigentes. Y de forma tan visible como es el caso del río de aguas negras junto a un manantial.

En 2017, la divulgación de un estudio firmado por Ane Galdós-Balzategui, de Fundación Cántaro Azul, y varios investigadores de Ecosur, entre ellos el propio Jesús Carmona, hoy director de SAPAM, alimentó la indignación de los habitantes de San Cristóbal. La noticia —reproducida desde entonces como pocas veces la ciencia, a través de Facebook y Whatsapp— era que había caca en el agua. O dicho de otro modo: todas las fuentes evaluadas habían presentado contaminación fecal. Cito algunos fragmentos aislados de ese trabajo:

De entonces a la fecha, bajo la administración de un académico involucrado en el tema, es probable que en San Cristóbal haya mejorado al menos la cloración del agua, como afirman algunos boletines de SAPAM, que indican que antes sólo se cloraban los manantiales Peje de Oro, La Kisst, La Hormiga, La Almolonga y el tanque de La Hormiga. «En esta administración se han logrado clorar 22 puntos de abastecimiento, de un total de 24; y se tienen nuevas bombas en el manantial de la Hormiga, la Kisst, pozo Convivencia, rebombeo en El Mirador Sur y se dispone de proyectos para resolver el abasto de agua a través de pozos profundos», confirma Jesús Carmona.

Todo lo demás, sin embargo ―el grillismo dentro y fuera del SAPAM, el presupuesto insuficiente, el equipamiento obsoleto, los colectores inconclusos, las aguas residuales y un abrumador etcétera―, sigue tan actual como hace treinta o cuarenta años.

Salida de aguas negras conocida como El Túnel

El Túnel, como se conoce a la salida de aguas negras de la ciudad. Van a dar a localidades como Guadalupe El Túnel, que son también parte del municipio y cuyo derecho al agua y medio ambiente sano no suelen ser tomados en cuenta por ninguna política pública, porque rara vez la ciudad voltea a ver hacia fuera.

«El reto ―dice Carmona― es una sociedad consciente de un cambio necesario, para disponer del vital líquido a través de un sistema fortalecido, sin problemas económicos. El reto es tan actual como en el resto del país y sólo los organismos operadores con inversión han empezado a sobresalir para enfrentarlo».

En esas circunstancias, hace más de un año, Fundación FEMSA, brazo filantrópico de Coca-Cola, ofreció la donación de 40 millones de pesos. Primero, se dijo, para una planta potabilizadora. Y luego, para un método de tratamiento basado en humedales artificiales. La decisión ética de aceptar o no recursos de la empresa embotelladora y hasta la conveniencia técnica de la planta de tratamiento encendieron una polémica. Pero ese fuego venía de lejos. Ha ardido despacito durante años, alimentado por la desconfianza, los bulos, la opacidad y algunas verdades incómodas.

El agua encuentra su camino. A través del aire, de la luz y de la roca, cerro abajo, por encima o debajo de la tierra, el agua encuentra su camino. Siempre.

Pero no es la única. El dinero también lo hace. Construye puentes. Abre puertas. Seduce. Cabildea leyes. Levanta ciudades o las tira.

He ahí dos fuerzas en conflicto. La Tierra, cuyos recursos hacen posible la vida, la humana entre las demás. Y la economía, sin la cual la mayor parte del mundo humano no se mueve un centímetro, sujeta como está a la oferta y la demanda, a la contribución fiscal y al empleo, al deseo y a la necesidad.

Es así en todos lados. Pasa con la minería en las reservas naturales, con el agronegocio en la Selva Lacandona y pasa también con la Coca-Cola en San Cristóbal de Las Casas.

Contradicciones y conflictos

En San Cristóbal, la percepción pública no favorece a Coca-Cola. Por un lado, porque es un poderoso icono del capital. (¿O hay algo más capitalista que un señor gordito, barbón, vestido de rojo, que destapa la felicidad en forma de juguetes y de azúcar? ¿Hay algo más opuesto que una lata de Coca Cola a ese otro señor gordito, barbón y también rojo, cuyo fantasma recorre el mundo, como aseguran quienes creen en fantasmas?). Y por el otro, porque abundan las pruebas de daños a la salud provocados por el elevado consumo de bebidas azucaradas.

Recientemente, por ejemplo, sin ir más lejos, el debate alrededor de las nuevas etiquetas de alimentos procesados volvió a poner sobre la mesa el tema de la obesidad, la hipertensión y la diabetes como factores asociados, en México y Latinoamérica, a la letalidad del Covid-19. Tanto es así que motivó a Oaxaca a prohibir la venta directa de comida chatarra a menores de edad, una regulación que a pesar de las controversias que generó será tal vez el comienzo de una ola, pues ya otros estados (Tabasco, Tamaulipas y Sonora, por ejemplo) comenzaron a preparar iniciativas similares.

En Los Altos de Chiapas, esos mismos problemas de salud plantean una decisión ética respecto de recibir ―o no― dinero donado por Coca Cola.

La analogía de Margarita no es exagerada en el contexto legal mexicano. Porque las leyes mexicanas sí prevén, como dice, pagos ambientales de las industrias, lo cual no es otra cosa que validar su existencia y hasta la necesidad de que existan. Recientemente, la actividad de las refresqueras fue incluso considerada como «esencial» para la economía, casi al comienzo de la emergencia sanitaria por el Covid-19, en el inciso C del acuerdo de la Secretaría de Salud publicado el 31 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación:

«Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales: […] c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas…».

En teoría, el papel de la ley es regular las actividades de la industria, tanto como proteger al medio ambiente y garantizar los derechos que puedan estar involucrados. Pero sus alcances suelen ser más bien cortos. Y en la práctica, ese papel llega a ser, muy seguido, apenas una foto borrosa. Porque el arbitraje de la ley no siempre garantiza la neutralidad cuando surgen conflictos entre el derecho de las industrias y el de las personas. Tal vez, porque quienes hacen las leyes y las ejecutan son muy seguido también quienes dirigen las empresas. En el caso de Coca-Cola FEMSA, en México, quizá el caso más representativo sea el de Vicente Fox, exgerente de Coca-Cola y expresidente de México. O el de Roberto Campa Cifrián, ex procurador federal del consumidor, exsecretario del trabajo, exlegislador y hoy mismo director de Asuntos Corporativos de FEMSA, puesto donde sustituyó al exgobernador de Zacatecas, exdirector del IMSS y exsenador Genaro Borrego Estrada.

Aliados «clave», en la Cumbre de Fondos de Agua «No hay agua que perder», realizada en México en 2019. El agua en México, como en casi todo el mundo, ha sido tradicionalmente gestionada y administrada por sus usuarios: barrios y colonias que construyen sus propios sistemas, personas que tienen un pozo en casa, campesinos y pequeños negocios, etc. Hoy, ese tipo de gestión debe ser registrada ante Conagua, si no se quiere estar fuera de la ley. De otro modo, Conagua podría suponer que esa agua está disponible y otorgarle una concesión a alguna industria: una minera, una granja porcícola, un negocio de palma africana, etc. Esto implica, pues, transferir la responsabilidad de Conagua a los usuarios más vulnerables. Según el programa de esta cumbre, participaron como ponentes representantes de Bimbo, Nestlé, FEMSA, etc. Los otros usuarios, que toman decisiones en la gestión de su agua y que son además mayoría, no fueron invitados a la Cumbre, como puede verse en su programa.

Dicho eso, ¿hay modo, entonces, de aceptar una donación por 40 millones de pesos, de una empresa refresquera, para solucionar una parte de los problemas de abastecimiento y saneamiento de agua que padece San Cristóbal de Las Casas?

Los babilonios y las torres

Los babilonios ya no quieren inundarse. A un gobernante se le ocurre entonces que la solución es levantar una torre, tan alta, que los ponga a salvo si ocurre otro diluvio. Así que ordena su construcción y reparte los contratos por asignación directa entre sus amigos. En el proceso, aquí y allá, empiezan a surgir rumores y dudas sobre la efectividad de la torre y su propósito. Un rumor contradice a otro. Algunos pueden ser ciertos. Pero son tantos que ya nadie distingue. Es como si la gente hablara en distintas lenguas. La torre se vuelve tan problemática que no llega a ser concluida. Los constructores, entonces, la abandonan y se dispersan por la Tierra, en busca de nuevas asignaciones, contratos y aliados gobernantes.

Miles de años después, los constructores siguen combatiendo inundaciones con cosas como torres. La discusión tampoco ha parado y la supuesta efectividad de las torres como método contra las inundaciones no ha dejado de estar en duda. Pero ya hay quien ha empezado a sospechar de las motivaciones de los constructores y de los aliados de los constructores.

De igual modo, los babilonios se siguen inundando. Y las goteras en la torre abandonada dan, francamente, miedo.

El caso Coca-Cola

Dos veces en años recientes, Coca-Cola FEMSA ha ofrecido donaciones a San Cristóbal de Las Casas para atender problemas relacionados con el agua: al final de la anterior administración municipal y al comienzo de la actual. La primera, una planta potabilizadora; y la segunda, 40 millones de pesos para construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) por humedal artificial.⁴ En ningún caso lo consiguió, pues ni el ayuntamiento ni SAPAM aceptaron. Habría sido, en más de un sentido, digámoslo así, ganar la rifa del tigre. Tal vez por eso no hubo consultas públicas ni foros abiertos convocados por ninguna autoridad.

Es cierto. La discusión no ocurrió por las vías deseables. Pero aun así hubo más o menos acuerdo social, a través de la radio y redes sociales, en que no podía aceptarse una planta de tratamiento que implicara construir un humedal artificial sobre un humedal natural.

Los humedales artificiales son sistemas que suelen funcionar con muchos menos recursos que otro tipo de plantas de tratamiento. Por eso, resultan más viables en países con recursos limitados. Su problema es que requieren mucho espacio, algo que San Cristóbal tiene cada vez menos, dado su descontrolado crecimiento urbano.

Por otro lado, la planta de tratamiento ofrecida por Coca-Cola proyectaba una capacidad de 43.4 litros por segundo, de los 700 l/s de aguas residuales de San Cristóbal. Es decir, alrededor de 6 por ciento de lo que habría sido necesario para tratar el volumen total, lo que al final no resolvería de forma significativa el problema de las aguas residuales. Se habrían requerido unas 15 plantas similares, en 15 áreas. En una ciudad con poco terreno disponible.

Sistema de tratamiento de aguas residuales sanitarias basado en humedales artificiales, en Zapopan, Jalisco. Foto: cortesía CIATEJ.

Más aún. El espacio elegido para construir la planta de tratamiento es un sitio Ramsar y área natural protegida: el humedal de María Eugenia.

Juan José Rodrigo Hess Poo, coordinador del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, dice que la elección del humedal María Eugenia obedeció únicamente a criterios ambientales y de protección. Porque en tiempo de seca, ese humedal «está en estrés hídrico, sufriendo las consecuencias del abatimiento de agua».

Es probable que sea así. Se trata de un área sometida durante años a la presión de propietarios y compradores de terrenos, que han rellenado y hasta construido de forma irregular. No obstante, es difícil ignorar que ese humedal cuenta con declaratoria de la sociedad civil como «lugar sagrado». Grupos ambientalistas de la ciudad han luchado durante años, además, por protegerlo, haciendo reclamos constantes a, prácticamente, todas las autoridades responsables, en los tres niveles de gobierno. Esto es: se trata de un lugar sagrado por declaración y por su historia reciente. Entonces, sin socialización y aceptación previa, explícita, del proyecto de planta de tratamiento en ese lugar, ¿había manera de no leer la elección del sitio como poco menos que una afrenta?

Marcha con carteles de reclamo en la carretera

Marcha para celebrar del quinto aniversario de la declaración del humedal María Eugenia como «Lugar sagrado».

Pronatura, la organización que propuso la ejecución del proyecto, pareciera no haberse enterado de ese contexto. Y sin embargo, en su carta de exposición del proyecto enviada a la actual alcaldesa Jerónima Toledo, la directora de Pronatura México,⁵ Katherine Gregoire, expone que:

¿A qué campaña de sensibilización se refería entonces? ¿Hicieron alguna? ¿Conocían la situación y aun así resolvieron que era ése el mejor lugar para realizar un proyecto como el que proponían?

El Comité de Cuenca del Valle de Jovel quizá habría podido decir algo al respecto. Pero los grupos ambientalistas del municipio acusan que hace años el organismo dependiente de Conagua no cuenta en sus reuniones con la representación de todas las organizaciones de la sociedad civil, ni aun de la academia y el ayuntamiento. Varios de sus representantes no asisten ni son convocados a sus reuniones.

Por ejemplo, Alma Rosa Rojas, integrante del Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (Cepazdh), dice:

Otros ambientalistas del municipio también señalan verticalidad y falta de representación de la sociedad en el Comité de Cuenca. Y consideran que es promovida por Conagua, a la que responsabilizan de «ahorcar» a la mayor parte de los consejos y comités de cuenca del país, de modo que su existencia sea sólo de papel. Como cascarones vacíos.

Por su parte, Rodrigo Hess Poo, coordinador del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, argumenta que el organismo debe ver y mediar por todos los tipos de usuarios. No sólo los de la ciudad. Porque, dice, se trata de la cuenca. Y la ciudad es apenas una parte de la cuenca.

Cualquiera que sea el caso, al final, no fue sólo que construir un humedal artificial sobre uno natural sonara a «meter agua sucia al agua limpia», sino sobre todo que no existían las condiciones sociales para aceptar esa propuesta, así planteada.

En un trabajo publicado por la revista Sociedad y Ambiente, de Ecosur, el investigador José de Anda Sánchez, del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), señala que:

«Es necesario considerar cinco factores más que afectan directamente en el desarrollo sustentable de un proyecto de abastecimiento de agua potable o saneamiento de las aguas residuales (McConville y Mihelcic, 2007):

Si tomamos esos criterios como medidas de valor, ninguno favorecía al proyecto de la planta de tratamiento. El solo origen de los recursos (Coca-Cola FEMSA) generaba demasiado ruido.

En la percepción pública que predominó, el donativo no significó nunca la emoción de resolver un problema. Porque la empresa representa más, mucho más, un conflicto de salud pública y de principios.

Aritmética vs la opacidad

Las decisiones y estrategias suelen estar mejor orientadas cuando hay datos disponibles e información transparente. Pero en todo lo que rodea a Coca-Cola o, para el caso local, a FEMSA, la información hay que obtenerla cruzando datos de aquí y de allá, yendo y viniendo de leyes y reglamentos que se refieren y despistan unas a otras entre fórmulas matemáticas (cuesta imaginar a los legisladores que uno conoce entendiendo esas fórmulas que ellos mismos, dicen, han creado) y haciendo solicitudes de información que a la larga resulta «reservada», como si de ello dependiera la seguridad de la nación.

A fin de escribir esto que ahora lees, intenté contactar a Coca-Cola para preguntarle por sus impuestos y los empleos que genera. Por un momento, sorprendentemente, casi pareció que conseguiría una respuesta. También quise contactar a Conagua, cuyos datos públicos de contacto quizá la pandemia volvió inútiles. Traté de obtener informes anuales y minutas de las reuniones del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, pero su sitio web aparentemente está en reconstrucción y no aparecen, desde hace años, minutas ni informes.

Así, pues, me limito a señalar algunas proporciones, con los datos disponibles, para entender mejor de lo que hablamos cuando hablamos de Coca-Cola FEMSA.

Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos estableció que, hasta 2019, la cuota por cada metro cúbico de agua extraída del subsuelo era de $2.2396 (2 pesos con veintitrés centavos), en zonas de disponibilidad subterránea 4, en una de las cuales estaría San Cristóbal de Las Casas. Así tenemos que, si la empresa refresquera extrae 419 774.30 m3 anuales de sus dos concesiones en este municipio, entonces pagaría por ellas $940 126 anuales.

Parece poco para una empresa que, según su Informe integrado 2019, reportó ese año a sus accionistas un volumen de ventas por 194 mil 471 millones de pesos, en nueve países (México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina), como resultado de las ventas de 3 mil 369 millones de cajas de unidad.⁶

Ahora bien, de ese total, sólo en México, la empresa obtuvo ganancias de poco más de 106 096 millones de pesos.

Si los dos pozos de la refresquera en San Cristóbal representan, como se dijo en la primera parte de este texto, 1.82 por ciento del volumen total que tiene concesionado en el país, entonces esa planta local de la empresa produciría, proporcionalmente, una ganancia de 1 mil 930 millones 948 mil 680 pesos.⁷

Es decir, la planta de Coca-Cola en San Cristóbal generaría un volumen de ventas por casi 2 mil millones de pesos. A cambio, pagaría al Estado mexicano, por concepto de aprovechamiento, 0.048 por ciento de esa cifra ($940 126). Cada año. Ni la mitad de la mitad del 1 por ciento de su volumen de ventas reportado.

Oye, espérate: ¿y sus gastos?

No soy matemático ni economista. Por eso, cuando terminé de hacer y verificar ésas y otras operaciones con los datos que hallé disponibles, consulté el apartado anterior con un amigo que entiende más que yo de números. Me confirmó que si los datos eran correctos, mis cuentas también lo eran.

Pero eso no fue todo lo que mi amigo respondió. Le pedí permiso para reproducir aquí el resto de lo que me dijo:

El pago al Estado de 0.048 por ciento de sus ventas representa apenas el costo de la concesión. En mayo de este año, se dio a conocer que FEMSA liquidó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) 8 790 millones de pesos de adeudos atrasados.⁸ No se precisó el desglose de la cifra. Por tanto, tampoco se sabe a cuántos ejercicios fiscales correspondería el pago, para incluirla en estas cuentas con cifras de 2019.

Como sea, al pago por aprovechamiento de agua le faltarían impuestos y gastos operativos: ISR, energía eléctrica, mantenimiento del parque vehicular, combustible… Y el más importante de todos, la bandera que se apresuran a señalar gobiernos y empresas cada vez que se sienten cuestionados sobre sus decisiones y actividades: los empleos.

La opinión pública sobre el tema no suele tomar en cuenta a las familias cuyos ingresos dependen de la empresa. No se sabe si alguno de los tres niveles de gobierno plantearía un plan económico o jurídico laboral para apoyar a esas familias a superar el desempleo si, como pidió el síndico municipal a Conagua, le fueran revocadas las concesiones locales a Coca-Cola. El tema no es siquiera mencionado al paso con algún grado de seriedad. Y los empleados de la refresquera no son las únicas personas que habría que incluir en la conversación sobre la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a San Cristóbal. Otro tanto son los trabajadores de las minas de arena, por ejemplo. Es obvio, ahí también, que debe hacerse algo (y pronto). El problema es qué y cómo enfrentar los efectos económicos de cualquier decisión.

En cuanto a Coca-Cola, tampoco es todo lo clara que debería en ese aspecto. Tal vez porque responder con claridad implicaría, necesariamente, iniciar una discusión sobre derechos laborales, seguridad social, fondos para jubilaciones, jornadas laborales, horas extras, outsourcing y varios etcéteras incómodos para las empresas.

Le pregunté a Coca-Cola FEMSA por los datos que he vaciado en este trabajo. En especial, por el número de empleos directos e indirectos que generaba Coca-Cola FEMSA, KOF y/o Inmuebles del Golfo, en la planta de San Cristóbal de Las Casas. Sé que recibieron la solicitud de información, porque enviaron señales. Al final, sin embargo, no respondieron.

Traté también de contactar a trabajadores de la planta, para recoger su percepción del problema como parte de la comunidad. Ninguno quiso hablar conmigo por temor a perder su empleo, aunque sí me dejaron saber que son conscientes del rechazo que genera la empresa en la opinión pública.⁹

No obstante, en términos generales, el Informe integrado 2019 de Coca-Cola FEMSA afirma que ese año destinó $30 561 mdp, a «salarios y beneficios a empleados», para sus actividades en nueve países latinoamericanos.¹⁰

Si nuevamente utilizamos esa cifra y la cruzamos con el porcentaje que representa para Coca-Cola FEMSA el mercado mexicano (54.55 por ciento) y las dos concesiones locales (1.82 por ciento), tendremos que Coca-Cola aportaría, supuestamente, $303 412 664 pesos anuales a la economía de San Cristóbal de Las Casas.¹¹

Pesos y sobrepeso

En México, la diabetes mellitus es la segunda causa de muerte (algunos años llega a ser la primera, junto con enfermedades del corazón). Pero no siempre fue así. En la década de los 70 del pasado siglo, la enfermedad no aparecía en los cinco primeros lugares. En los 90 ya ocupaba el cuarto puesto y después del 2000, no ha dejado de estar siempre en uno de los primeros dos sitios entre las causas de muerte del país. Pero los problemas de salud cuyo origen es la mala alimentación no llegan espontáneamente. Vienen de mucho más lejos que una tiendita, de allá donde se toman las decisiones y se construyen las reglas del juego de la economía y la sociedad.

Al parecer, en el caso mexicano, una forma de librar los impedimentos legales fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No pocas fuentes identifican al TLCAN (hoy TMEC) como el principal responsable de abrir una compuerta: la que inundó el mercado mexicano de alimentos procesados. Porque el modelo de negocios de empresas como Coca-Cola FEMSA es, por un lado, controlar los recursos de donde provienen sus insumos ―el agua, por ejemplo, pero también el jarabe de maíz de alta fructosa, que jugó un papel en la crisis de la industria cañera del país, señala Valadez Ortega― y, por el otro, la saturación del mercado.

Respecto de eso último hay que decir que todos esos productos se consumían ya en México desde antes de que se convirtieran en un problema de salud pública. Lo que aumentó fue su cantidad y disponibilidad, a través de la producción excesiva, la multiplicación de tiendas de conveniencia y otras prácticas propias de los monopolios, sometido todo eso a una regulación, en general, laxa. Al final, la lógica del capital: crecer infinitamente.

Hace unos años, en su investigación «Kilos de más, pesos de menos: los costos de la obesidad en México», el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) calculó que sólo la diabetes, asociada a sobrepeso y obesidad, le costaba a México «entre 82 y 98 mil millones de pesos que equivalen a 73% y 87% del gasto programable en salud (2012)». Detalla el centro de investigación:

Una estrategia que atienda el problema de salud pública y de derecho al agua debería incluir el fomento y creación de empleos, a fin de reducir la dependencia social a estas empresas.

Sea que queramos un mundo donde Coca-Cola no exista o uno donde su consumo no adquiera, al menos, las dimensiones que tiene hoy en términos de salud, las soluciones tendrían que venir desde distintos frentes: leyes y reglamentos, campañas de educación, una apertura real (no simulada) de los organismos reguladores a la participación ciudadana y mucha disposición a aceptar que el mundo está cambiando. Como lo ha hecho desde siempre, a lo largo de la historia. Aunque no siempre sea claro hacia qué rumbo.

El amigo que me ayudó a confirmar la validez aritmética de las cuentas realizadas en este trabajo, concluyó su respuesta con una broma sobre el intento del Che Guevara, como ministro de Industria, de replicar el sabor de Coca-Cola en una gaseosa cubana producida por el entonces naciente gobierno revolucionario.

Un caso similar fue tema de conversación hace poco más de una década, cuando se criticó la venta de las aguas negras del imperio en los caracoles zapatistas. El tema mereció una reflexión, motivada por la adicción al azúcar tal vez, pero que vale la pena leer completa: «Preguntas y respuestas como caminos. (Frente a una lata)». Porque como dijo en aquella ocasión el subcomandante Marcos:

Si eso es cierto, lo mínimo que podemos hacer es ponerlas todas sobre la mesa de la discusión pública.

Lugar sagrado

Parece fácil distinguir lo sagrado, por irrenunciable (la vida y todo aquello que la hace posible: el aire, la tierra, el agua). Pero cuando vas sobre una vía federal a 80 km/h, resulta más fácil ―mucho más― que lo sagrado se funda por igual con el amontonamiento de cosas junto a la carretera del pueblo mágico: talleres mecánicos, estacionamientos de vehículos pesados, montañas, gasolinerías, choferes de combis de quince años que compiten entre sí por el pasaje, el cielo de tremendo azul casi al alcance de la mano, un retén policial, las minas de arena, humedales, el humo de actívisimos volteos, construcciones descontextualizadas, un anuncio espectacular, los bosques algo más allá… Más aún: lo que realmente impide distinguir lo sagrado que habita el paisaje y coexiste con la rutina no es siempre la velocidad del auto, sino la del mundo humano, dentro y fuera de nosotros, sujeto como está a las profanas pero inevitables leyes de la oferta y la demanda.

Dice, por ejemplo, un anuncio pintado sobre una pipa que ofrece también agua de manantial:

La pipa está junto a la carretera, en la entrada suroriental de San Cristóbal de Las Casas, sobre un área de humedales visiblemente rellenada no hace tanto. El terreno anunciado ―casi nadie lo ignora― podría estar en una de las zonas boscosas que rodean la ciudad, amenazadas por la actividad humana. O en medio de alguno de los humedales designados como sitios Ramsar y sujetos a la protección internacional.

Pipa junto a la carretera. El anuncio pintado sobre ella dice: «Venta de Lotes de terreno dentro y fuera de la ciudad y por hectárea».

Aunque la regulación sea distinta para uno y otro caso, comparten el mismo resultado: ninguna norma ha logrado evitar la destrucción paulatina de bosques ni humedales. Si un propietario quiere tirar árboles, o rellenar y construir, tal vez, enfrentará clausuras poco menos que de carácter simbólico, performativo, por parte de las autoridades. Pero a juzgar por lo que está a la vista en el paisaje, las probabilidades de que consiga terminar la construcción, ilegal y todo, parecen estar a su favor.

Hartas de ese resultado, desde hace algunos años, cada vez más colonias de la ciudad han empezado a organizarse para defender las causas ambientales. Emplean argumentos y herramientas jurídicas, ante el cabildo o instancias estatales y federales de justicia. Pero su discurso y acciones suelen también apelar a un cierto sentido de lo sagrado y del buen vivir. O dicho de otro modo: que se reconozca la importancia de preservar ciertos espacios, sencillamente, para hacer la vida humana difrutable y compatible con su entorno y con otras formas de vida.

El domingo 19 de julio del año pasado, por ejemplo, realizaron una marcha para celebrar el quinto aniversario de su declaratoria de los humedales de María Eugenia como «lugar sagrado».

La marcha inició justo frente a las minas de arena, sobre la carretera panamericana. En el otro carril, los automovilistas reducían un poco la velocidad para echar un vistazo a las mantas y cartulinas, a los muñecos de trapo contra Coca Cola y a la gente reunida frente al portón de dos casas, una de las cuales fue casi totalmente construida, a la vista de todos, sobre el polígono de humedales de María Eugenia, tan sólo en los meses previos de confinamiento sanitario por el Covid-19. Si bajaron las ventanillas, tal vez hasta escucharon a la mujer que decía por el micrófono:

Las propiedades tras el portón de malla fueron clausuradas en meses recientes, pero igual se les permitió que introdujeran servicios, como se ve por los postes de electricidad.

Ante la vehemente sordera de esas autoridades, dos meses después, en septiembre, ese mismo grupo de personas bloquearía ese tramo carretero y abriría zanjas de infiltración junto a la vía federal, a fin de impedir la entrada a los camiones con arena que, muy seguido y contra la ley, rellenan los humedales.

Por su parte, presionado para reabrir el paso, el gobierno estatal se comprometería a atender a los activistas en una mesa de trabajo unos días más tarde.

Fieles a su indiferencia, el secretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos y el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, no llegaron a la cita. En su visita a la ciudad, esa mañana, prefirieron ir a tomar un café.

Ciudad agotada

Ligada inevitablemente a su historia, el agua ha dado forma a la ciudad. Igual que en otros lugares de vocación lacustre, los habitantes han tratado de contenerla, de aprovecharla o de ganarle un trozo de tierra, aquí y allá. San Cristóbal se ha construido, así, sobre esa relación. A veces de modo amable, como prueban los puentes, molinos y canales, cuyos vestigios aún es posible hallar en casi cualquier dirección. Y otras veces, conflictiva, como prueban también el uso de la palabra «vestigios» en la frase anterior, las periódicas inundaciones o las nuevas colonias levantadas sobre antiguos humedales.

El futuro de la ciudad, sin embargo, más que por el agua, podría estar moldeado desde ya por la contaminación, el cemento, la deforestación y, quizá, la sed.

En tres décadas, la ciudad pasó de tener 89 mil a más de 200 mil habitantes. El rápido aumento en la demanda de vivienda y servicios no era imprevisible. Ya el Programa de Desarrollo Urbano 2006-2020, por ejemplo, señalaba algunas áreas de atención ante el crecimiento esperado sólo en ese periodo:¹²

«Un fenómeno común del sureste del país es que no ha tenido buenos ejercicios de planeación, en las últimas tres o cuatro décadas», considera el arquitecto urbanista y ambientalista Fabián Ozuna. Y añade:

De hecho, buena parte de los conflictos del municipio viene de lejos en el tiempo. Han sido postergados y heredados de una a otra administración durante décadas. A veces, por una visión de corto plazo, apagafuegos, inauguradora de obras que luzcan bien en las fotos. O por llana incapacidad. Casi siempre, porque el desorden (en los asentamientos, el transporte, el comercio y todo lo demás) facilita el negocio y los intereses electorales alrededor de líderes que garanticen votos. En cualquier caso, es así como el desorden ha logrado sobrevivir y crecer, una y otra vez. Como una bola de nieve que rueda hacia el futuro, cuesta abajo.

La dimensión actual de esos problemas hace que los tres años que hoy dura una administración municipal alcancen más bien poco para resolverlos. Ante esa imposibilidad, sucesivos gobiernos municipales han preferido invertir ese tiempo en simulaciones: lo mismo la firma de convenios y la colocación de cintas amarillas de clausura, que los discursos en defensa de los humedales. O de la equidad de género. O de la niñez. O cualquiera que sea la causa del día señalada en el calendario.

Por eso, los grupos ambientalistas de la ciudad han empezado a incluir en sus exigencias que se cumplan las planeaciones y políticas públicas de largo plazo, contempladas en diversas normas, pero que terminan casi siempre en letra muerta.

Por ahora, lo cierto es que en el área urbana de San Cristóbal ―técnicamente: la Unidad de Gestión Ambiental 1 (UGA 1)― queda ya poca superficie aprovechable.

«El 90 por ciento de la población vive en el 10 por ciento del territorio del municipio», dice Arturo Arreola, doctor en Ecología y Desarrollo y coordinador técnico del Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica A. C. (Idesmac), en una entrevista transmitida recientemente por Recoletos medios.

Esa concentración ha alimentado el crecimiento del mercado inmobiliario y la especulación, en la venta y la renta, a precios que resultan incosteables para la mayor parte de la población local. Las cada vez más limitadas posibilidades de acceso a vivienda terminan así por expulsar a la gente hacia las orillas de la ciudad, a zonas irregulares, de riesgo o sujetas a conservación. Además, una vez que a través de ese mecanismo o de invasiones, consiguen el cambio de uso de suelo (con el consiguiente aumento de valor comercial), el círculo de especulación y expulsión se reinicia. El resultado es el que está a la vista: una mancha urbana que crece en casi todas direcciones, con problemas que crecen, también, hacia todos lados.

Según el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, el municipio tiene 3199 hectáreas de áreas naturales protegidas (ANP) y sitios Ramsar, distribuidas en cinco espacios. Cuatro de ellos ―el quinto es Rancho Nuevo―, muy cerca o aun dentro de la zona urbana: la reserva Huitepec-Alcanfores, la reserva Quembó Cuxtitali-Gertrude Duby y los humedales de La Kisst y de María Eugenia. Todos, amenazadas por invasiones, talamontes, rellenos y la presión de fraccionadores, desarrolladores y particulares.

Mientras tanto, va en aumento la tensión entre quienes sienten afectados sus intereses, negocios y ambiciones electorales, y los defensores del medio ambiente, únicos actores políticos y sociales que por el momento han logrado contener, así sea parcialmente, la destrucción de las áreas naturales.

Parecen indios

La marcha continuó su recorrido sobre la carretera, con música y consignas a grito vivo. Poco antes de llegar al Colegio de la Frontera Sur, doblaron en dirección a la colonia FSTSE 2001, situada en uno de los márgenes del polígono de humedales, junto al manantial de Navajuelos, administrado por el SAPAM.

Es el 19 de julio de 2020 y celebran el quinto aniversario de la declaratoria del humedal como lugar sagrado. Ha llovido en las últimas semanas. Se nota porque el agua escurre por el arroyo y hay verde en casi cualquier dirección en que se mire. Montañas, campo, agua. Un paisaje que invita a la exploración. Y también, un buen lugar para crecer y vivir. Todavía. Y aunque el todavía pese como una espada sostenida en lo alto por un hilo, no hay duda de que, con dificultades, concesiones y todo, distintas formas de vida han logrado coexistir en paz aquí.

Pero la paz, ya se sabe, es relativa e intercambiable. Lo anuncian involuntariamente las altas bardas y portones de fraccionamientos privados, los letreros de venta de lotes y, algo más allá, junto a la Universidad Intercultural, también algunos avisos como éste:

PROPIEDAD PRIVADA
PROTEGIDA POR LA JUSTICIA FEDERAL
MEDIANTE EL AMPARO 225/2013
LIBRE DE HUMEDAL

Se trata de terrenos envueltos en disputas jurídicas y también invadidos. Hay pequeños jacales, aquí y allá. No están habitados, pero algunas personas llegan a ocuparlos casi a diario durante algunas horas, con ningún otro fin que ese mismo: ocuparlos. Hasta que se decida en algún juicio quiénes son los propietarios. O si esos terrenos son, o no, humedales. Si por casualidad un juez se animara alguna vez a cruzar a pie por ahí, el estado de sus zapatos no le dejaría duda de si hay o no un humedal en este espacio.

Terrenos con letreros de amparo jurídico

Los decretos de protección de los humedales, en 2008 y 2012, no tomaron en cuenta a los propietarios de los terrenos, quienes han argumentado eso en su favor para reclamar la invalidez de los decretos.

Los vecinos de distintas colonias de la ciudad que ahora participan en la marcha, organizados en la causa ambiental, lo tienen más claro que los jueces. En 2015 levantaron tres cruces ―como hacen de por sí muchos pueblos, en los Altos de Chiapas, en apego a su religiosidad― y lo declararon «lugar sagrado».

«Antes, al principio, no teníamos mucha consciencia del valor de los humedales y del agua —me contó en una entrevista, días antes de la marcha Nicolás Gómez Velasco, activista ambiental—. Hasta saludábamos a veces a los trabajadores de la constructora que pasaban por aquí».

Se refiere a un terreno encajonado, propiedad de la constructora Peje de Oro, entre los fraccionamientos Real del Monte, Kaltik y FSTSE 2001, cuyo paso de entrada es a través de esta última colonia. Durante años, la constructora ―de la familia de Mariano Díaz Ochoa, quien ha sido presidente municipal y diputado, dos veces en cada puesto― había estado rellenando ese terreno, poco a poco, como suelen hacer de por sí los propietarios de terrenos en áreas de humedal: algunas camionadas de vez en cuando, de forma que no llame demasiado la atención; o si eso no, al menos tratando de tomar desprevenidos a los vecinos. «Destrucción hormiga» le llaman a ese método que, sin embargo, no sólo no pasa inadvertido, sino que muy seguido llega al cinismo. Por ejemplo, en 2008, un año en que el Día de los Humedales reveló del valor de los discursos oficiales. Esa mañana, los entonces gobernador y presidente municipal, respectivamente, Juan Sabines Guerrero y Mariano Díaz Ochoa, celebraron con un acto oficial el naciente decreto de protección de los humedales. Pocos kilómetros adelante de donde ocurría el anuncio oficial, la constructora Peje de Oro descargaba camiones de arena y escombro en el citado terreno junto a la colonia FSTSE 2001, del polígono de humedales de montaña protegidos por el decreto de ese 2008 y otro más, en 2012.

Tras el portón azul celeste, el predio bardeado donde la constructora Peje de Oro pretendía construir el Fraccionamiento San Isidro.

En aquel momento, las acciones legales y físicas emprendidas por algunos vecinos ―entre las que destacaba, por ejemplo, la entomóloga Lauren Green, quien llegó a atarse a un árbol para impedir que lo derribaran las máquinas― lograron detener los planes de desarrollo.

La constructora, sin embargo, no desistió. Y en 2015 pareció que al fin conseguiría su propósito de construir el fraccionamiento San Isidro. Entonces, durante los trabajos, ya en enero de 2015, al intentar conectarse, rompieron el tubo de drenaje de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), que entonces pasaba por la colonia FSTSE, y también una tapa del drenaje. Naturalmente, eso causó la molestia de los vecinos de la colonia FSTSE, cuya indignación creció en los meses siguientes, en la misma medida que su conocimiento del tema ambiental.

El sábado 25 de abril de 2015, mientras a unos kilómetros de ahí el entonces gobernador Velasco y la actriz de telenovelas Anahí, en medio de un espectáculo folclorizante de trajes «típicos», contraían matrimonio y posaban para la prensa, los vecinos de la FSTSE, Real del Monte y Kaltik decidieron bloquear la entrada de la colonia FSTSE, para impedir el paso a los camiones de la constructora y que cesara la destrucción del humedal.

«Para evitar una confrontación, los trabajadores podían pasar libremente al terreno, pero los volteos no», relata uno de los vecinos afectados, León Ávila Romero, activista ambiental, doctor en Ciencias Agrarias y profesor investigador en Desarrollo Sustentable, de la Unich.

Ricardo Díaz, hermano del exalcalde Mariano Díaz Ochoa y representante de la constructora, intentó negociar («le vamos a meter alumbrado y pavimento a todo el camino; va a quedar bien bonita su entrada a la colonia…»). Pero como los vecinos no cedieron, ya exasperado, les gritó:

«Así nos dijo, porque no dejábamos pasar el desarrollo», cuenta Nicolás Gómez.

Además, la constructora ordenó a los trabajadores atravesar los camiones de volteo en la entrada durante algunas horas. Si ellos no podían entrar, los vecinos tampoco podrían salir.

El lunes siguiente, los vecinos decidieron volver a cerrar el paso. De nueva cuenta, en respuesta, les atravesaron un camión. Ese mismo día llegó un representante de la Subsecretaría de Gobierno, supuestamente, para ofrecer una mesa de diálogo, pero a los vecinos les pareció una forma de amedrentamiento.

«El segundo día ―explica León Ávila― nos pusieron una pipa gigantesca, tratando de bloquear la salida. Pero los vecinos nos organizamos. Llegó el jefe de la Policía Municipal queriéndonos amedrentar y las mujeres lo persiguieron, porque se vio que estaba recibiendo órdenes de Mariano Díaz Ochoa. Hasta que el día jueves o viernes de esa semana mandaron unos camiones llenos de golpeadores. Con tubos y embozados. El sitio [en ese momento] estaba protegido por puras mujeres. Resistieron el portón y no dejaron que esa gente las golpeara. Pero como se tomaron videos y fotos esto fue parte de una denuncia nacional e internacional y nos movilizamos hacia otros sectores, a hablar a la Protección de Víctimas y a Derechos Humanos, la cual a la larga actuó y, como defensores del derecho a un medio ambiente sano, nos permitió tener medidas cautelares. Esto sacó mucho de onda al constructor y se tomó la decisión, en el Gobierno del Estado, de suspender la obra».

Cartel de protesta que dice «Mariano Díaz abusando de su autoridad y sus cargos destruyó el humedal»

Para el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, los vecinos organizaron una manifestación a la que se sumaron organizaciones como el Pueblo Creyente, la Pastoral de la Tierra, la Coordinadora de Comunidades del Sur (Cocosur) y distintos barrios y colonias de San Cristóbal que a lo largo de años habían padecido violencias semejantes ―y que no han cesado― a manos de invasores o desarrolladores, con la complicidad u omisión del ayuntamiento. Es el caso de Cuxtitali, por ejemplo, a quienes les han cortado el suministro de agua y han sido agredidos por invasores de la reserva Quembó. O de la colonia Maya, que ha debido enfrentar inundaciones, cambios irregulares de uso de suelo y hasta órdenes de aprehensión. No es difícil encontrar historias parecidas en cualquier dirección de la ciudad.

En cualquier caso, fueron días de mucha tensión, de montar guardias y de insomnios. En años posteriores, varios ambientalistas de San Cristóbal han sufrido amenazas¹³ e intentos de criminalización, mediante averiguaciones previas u órdenes de aprehensión. No han prosperado, pero en México no hay amenaza que deba tomarse a la ligera.

En 2018, un reportaje de la periodista Laura Castellanos para el extinto portal mexico.com reveló que en 65 de 125 crímenes cometidos contra ambientalistas en una década (poco más de la mitad) estuvo involucrada la defensa del agua, «sea porque las víctimas se oponían a proyectos mineros, hidroeléctricos, de contaminación industrial o despojo de líquido. La defensa forestal está en 74. La tenencia de la tierra en 56». Y 82 de las víctimas, además, pertenecían a pueblos originarios.

Cartel que dice «No más invasiones en áreas naturales protegidas. No más grupos de choque»

Sin querer, a pesar de todo, de algún modo las continuas agresiones han tenido el efecto de promover la organización de las colonias. Casi siempre, alrededor de la causa ambiental, estrechamente relacionada con el agua que unas veces inunda y otras hace falta.

El dinero o la vida

Como ocurre en todos lados y a todos niveles, igual que en una serie policial, basta seguir el rastro del dinero para encontrar la causa de los problemas de San Cristóbal de Las Casas.

Las minas de arena, el relleno de humedales, las invasiones, los cambios ilegales de uso de suelo, las desincorporaciones de propiedades públicas en beneficio de empresas, las gasolinerías a capricho, las mafias inmobiliarias, políticas, del transporte, del mercado, y un etcétera cuya longitud rebasa las proporciones de la infamia, son problemas que aquejan a San Cristóbal y que han nacido, todos, del negocio. Los nombres detrás son conocidos. Excepto que rara vez llegan a constar en causas judiciales o a enfrentar consecuencias legales. Sencillamente porque, en más de un sentido, el negocio es aliado del poder, cuando no el poder mismo. Ser juez y parte garantiza la impunidad. Y garantiza también que los problemas crezcan hasta estallarnos ―a todos― en la cara. Porque por el ojo de la ley pasan todos los camellos.

Pero contra las leyes del mercado y la incapacidad de las autoridades ―no siempre involuntaria―, o la apatía de la sociedad, muchas de las colonias y personas afectadas se han convertido en defensoras del medio ambiente en San Cristóbal. No lo pidieron. Sin duda no lo quisieron. Fueron las circunstancias, en todos los casos, las que les obligaron a hacer espacio en sus actividades cotidianas para dedicarlo a la organización. A hacer zanjas de infiltración que les ayuden a prevenir inundaciones. A realizar asambleas. A aprender a comunicar y socializar los problemas comunes. A defenderse. No siempre ni todos en la ciudad están de acuerdo con sus estrategias. O con su discurso. Pero nadie les enseñó. Todo han debido aprenderlo solas. Y eso es más de lo que la mayoría hacemos.

El 5 de junio del año pasado, Día Mundial del Medio Ambiente, ante las graves inundaciones que padeció la ciudad, lanzaron en una carta algunas preguntas, sencillas, pero imposibles de ignorar:

«Muchas de estas inundaciones pudieron ser prevenidas, tal es el caso de la colonia 14 de septiembre, que lleva varios años denunciando el desvío del río amarillo y la construcción sobre terrenos de los humedales adyacentes.

»Recordamos que llevamos más de 10 años defendiendo los bosques, defendiendo el cauce de los ríos, evitando el relleno y destrucción de los humedales. Y con profunda tristeza vemos cómo se inunda la ciudad, y la población sufre...

»¿Costaba mucho tomar decisiones preventivas? ¿Hasta cuándo entenderán las autoridades que resguardar los bosques de Quemvó, Gertrude Duby, La Canasta, de La Maya, Alcanfores, nos protegen de deslaves y de inundaciones? ¿Hasta cuando una persona podrá rellenar, destruir y construir su casa con total impunidad, en un terreno declarado reserva de humedales de montaña María Eugenia y la Kisst?

»¿Hasta cuando las autoridades entenderán que vale más proteger la vida que el dinero?».

Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra, Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio, Guardianxs de la Madre Tierra en el Valle de Jovel.

El agua sí cae del cielo

La marcha de celebración llegó a eso de las 09:30 am al lugar que declararon sagrado cinco años atrás, luego del pleito con la constructora.

Frente a las tres cruces, una rezadora y un rezador colocaron una ofrenda de velas, flores, semillas. Las personas de la marcha realizaron un sencillo ritual religioso. Al final, cantaron Las Mañanitas, tocaron dianas, gritaron vivas, le compartieron posh a la tierra y bebieron también uno o dos tragos.

―Baila ―invitaba la rezadora―. Para que sepa la tierra que estás contenta.

Sin metáfora, un mundo antiguo y uno posible se abrazaban ahí. Aunque ya no hay, en ningún lado, mucha gente que parezca conocer esa sensación de que el mundo y la vida en él pueden ser distintos. En la velocidad de la carretera a unos metros, o más allá de las gasolineras, del otro lado de las minas de arena. Donde las ciudades crecen y la gente se amontona frente a los escaparates o se hablan a bocinazo limpio. Donde se inundan y sufren y esperan que las soluciones lleguen solas, a la vuelta de la próxima elección. Donde el mundo, como decía Galeano, se puso de cabeza y hasta los niños parecen creer que el agua no cae del cielo, sino que sale nomás, milagrosamente, de los tubos o las alcantarillas, según el caso.

Pero no aquí. No en este lugar sagrado ni con estas personas, reunidas en domingo para hacer fiesta y celebrar lo sagrado de un humedal. Aquí, por fortuna, el agua sí que cae del cielo, nos limpia el cuerpo, la cara y el espíritu y da de beber, mientras rezamos o cantamos o bailamos.

Música durante la celebración del lugar sagrado Humedales de María Eugenia, el 19 de julio de 2020:

Delgado Ramos, Gian Carlo, coord. (2014). Apropiación del agua, medio ambiente y obesidad: los impactos del negocio de bebidas embotelladas en México, UNAM, México, pág 112.↩
La confrontación entre lo que debe procurar la ley y lo que en realidad permite atraviesa todo el sistema económico. Algunos científicos proponen el nombre de «capitoloceno» para definir a nuestro tiempo, marcado como está por la incompatibilidad entre un capitalismo que demanda crecimiento infinito y el planeta, cuyos recursos son finitos. El gobierno federal no es ajeno a esta discusión, ni a las contradicciones resultantes entre la ética y el marco legal del Estado, por lo general, defensor de la propiedad privada y el desarrollo. Las mineras, el Tren Maya o el decreto de la industria refresquera como «actividad esencial» durante la pandemia (la tasa de letalidad que el Covid-19 ha cobrado en el país está relacionada con obesidad, hipertensión y diabetes) son temas que circulan, a veces, en sentido contrario a las preocupaciones de varios funcionarios federales. Son conocidas, por ejemplo, las opiniones del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo. O del Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario federal de Prevención y Promoción de la la Salud, quien en su reciente visita a Chiapas dijo: «¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar».↩
Al respecto, transcribo la explicación que me dio Margarita Gutiérrez, directora de Incidencia y Cambio Sistémico, de Fundación Cántaro Azul: «Para saber cómo funcionan los sistemas de flujo subterráneo, hay que hacer un estudio. Es probable, pero un poco raro, que el agua que se infiltre aquí llegue hasta allá abajo. En general, los sistemas de flujo son muy grandes y hay de dos tipos: regionales y locales. Los regionales pueden ser tan grandes como parte de Chiapas. Podría ser que parte de la lluvia en la meseta comiteca llegue a San Cristóbal. Pero no lo sabemos, porque no hay un estudio sobre eso. Es una nueva rama que en México no se ha adoptado institucionalmente y que se llama hidrogeología. A grandes rasgos, se valen de isótopos del agua subterránea y de lluvia para identificar, por ejemplo, dónde son las zonas de recarga».↩
Según el coordinador del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, Rodrigo Hess Poo, a los 40 millones de pesos ofrecidos en donación por Coca-Cola FEMSA, habrían podido sumarse otros 40 mdp extras, a través de Conagua.↩
En su tesis de maestría, El problema de la responsabilidad social corporativa: La empresa Coca-Cola en Los Altos de Chiapas, la investigadora Laura K. Jordan habla en una parte sobre los orígenes de la desconfianza que despierta entre diversas organizaciones ambientalistas la alianza de Pronatura y Coca-Cola FEMSA: «La alianza con esta organización no es gratuita: desde el momento de su fundamento en 1981, Pronatura mantiene una relación especial de apego con Coca-Cola FEMSA. Andrés Sada Zambrano ―integrante de la familia FEMSA― es uno de sus fundadores, y la Presidencia y Dirección de la asociación les han tocado a varios miembros [de] los clanes Sada y Zambrano… En Los Altos de Chiapas, estos dos factores ―la simpatía básica que Pronatura le tiene a FEMSA, así como su orientación conservacionista― se combinan para producir un conflicto de intereses que se ha criticado como una conservación ‘viciada’. Desde hace pocos años, Pronatura mantiene una reserva ecológica de 102 hectáreas en el cerro de Huitepec, arriba de la planta de Coca-Cola en San Cristóbal, una ubicación decididamente estratégica, ya que protege el abasto de la materia prima (el agua) de su empresa afín (García García, 2005; Jordan, Laura, 2007; Valadez, 2007)».↩
Caja unidad = 24 porciones de 8 onzas de bebida terminada, según el informe referido. Esto significa que una caja unidad equivale a 5.67 l. Entonces, el volumen de ventas reportado en 2019 correspondería a 19 102 230 m^3 de líquido envasado y vendido. OJO: esa última cifra plantea varias preguntas. Por ejemplo, esos 19 millones de m^3, correspondientes al líquido vendido en nueve países latinoamericanos, no están tan lejos de los poco más de 23 millones de m^3 totales que se le permiten extraer legalmente a FEMSA, a través de 87 concesiones, sólo en México. Pero tiene otras concesiones en los ocho países restantes que constan en su informe. Así que el volumen total de agua que extrae en total de Latinoamérica debe ser mayor. ¿Dónde está ese excedente? Una posibilidad es que la empresa no extraiga agua hasta los límites que le permite la ley. Otra es que sí lo haga y, aun cuando no la venda toda, le sirva para inundar el mercado. No sería raro. Tal es y ha sido parte de la estrategia de FEMSA. Lo hizo, hace años, con las tienditas al impedirles vender otras marcas y, cuando esa ruta ya no funcionó, lo hizo otra vez imponiendo sus propias tiendas de conveniencia (de la franquicia Oxxo). Dos opciones más que podrían explicar el excedente desaparecido es que no lo esté reportando todo en sus informes; o que deseche más agua de la que le gusta aceptar cuando habla de que devuelve «el 100 por ciento del agua que utilizamos en la elaboración de nuestros productos». Hay serias dudas al respecto. Pero ni la empresa ni el Estado parecen muy interesados en resolverlas.↩
Un poco de matemáticas. Éstos son los datos:
1. Las ganancias reportadas a sus socios por Coca-Cola FEMSA en 2019 son de 194 471 millones de pesos, habiendo vendido 3 369 millones de cajas unidad.
2. Con 1 838 millones de cajas unidad vendidos en territorio mexicano, el país representa, aproximadamente, 54.55 por ciento del mercado de los 9 países latinoamericanos reportados en el Informe integrado 2029 de Coca-Cola FEMSA. Es decir, 106 096.081329 millones de pesos.
3. Los dos pozos de Coca-Cola en San Cristóbal de Las Casas representan apenas 1.82 por ciento del total de concesiones otorgadas por Conagua a 8 de 10 embotelladoras declaradas por Coca-Cola México en su sitio web. (Por razones prácticas, porque faltan datos de las dos restantes, tomemos esas 8 como el total).
4. El 1.82 por ciento de $106 096.081329 son 1 930 millones 948 mil 680 pesos. Esa cantidad es la estimación proporcional de ventas que produciría a la empresa el agua concesionada de dos pozos, en San Cristóbal de Las Casas.
↩
El presidente López Obrador informó en abril que existía una lista de al menos 15 grandes contribuyentes con adeudos al fisco por 50 mil millones de pesos. Cobrar esos adeudos ha sido, sin duda, un respiro para la recaudación durante la crisis económica causada por el coronavirus.↩
La citada investigación de Laura K. Jordan para su tesis de maestría en CIESAS topó también con el reparo de los empleados de FEMSA en San Cristóbal para hablar del tema. Lo consiguió, sin embargo, en un caso que muestra la relación de amor-odio que a veces establecen los trabajadores con sus empleadores. Por una parte, gratitud ante lo que su entrevistado interpretaba como superación personal y laboral y, por otra, su conflicto con las presiones a las que se sentía sometido para alcanzar las metas financieras de la refresquera.↩
Tal vez alguien con conocimientos de economía tenga modo de precisar mejor los datos, si completa los del informe de Coca-Cola FEMSA con el de FEMSA, que puede consultarse aquí: http://www.informeanual.femsa.com/ValueCreationHighlights.html ↩
Atención: no afirmo que ésa sea la derrama económica real, vía empleos directos y/o indirectos, que genera Coca-Cola en el municipio. Puede ser menos o más. Porque tal vez en algunos lugares y para ciertos puestos, por ejemplo, la empresa pague más a unos empleados que a otros. La enorme desigualdad del país tiene su origen, precisamente, en los centros empleadores, donde el salario mensual de un puesto directivo bien podría ser de, digamos, $80,000 y el de un obrero, de $800 semanales. Así pues, la cifra a a la que llegué sobre la derrama económica de empleos en el municipio representa apenas un acercamiento proporcional. La infiero, repito, al cruzar datos de tres fuentes:
- Las cifras del Informe integrado 2019 de Coca-Cola FEMSA.
- El porcentaje que representan las ventas en México de FEMSA Coca Cola (54.55 por ciento).
- El porcentaje proporcional de los dos pozos concesionados (1.82 por ciento) del total de agua de las 87 concesiones que tiene la refresquera en el país, a través de sólo ocho de diez embotelladoras.
↩
Respecto del actual PDU, a pesar de lo difundido en algunos boletines recientes del ayuntamiento, hasta el día de publicación de este trabajo, su existencia no constaba en el sitio web del ayuntamiento ni en la Plataforma Nacional de Transparencia.↩
Hace unos años, por ejemplo, la mascota del Dr. Ávila fue envenenada, y él sospecha que se trató de una amenaza, por la labor que desarrolla como activista ambiental.↩

No hay cosas sin interés. Sólo gente sin ganas de interesarse. ―G. K. Chesterton.

El agua no cae del cielo